Experts on “police violence”. Knowledge production in Argentina between civil society organizations and public administration

Especialistas em “violência policial”. A produção de conhecimento na Argentina entre organizações da sociedade civil e da administração pública estadual

Resumen

Las prácticas de las fuerzas de seguridad y, más concretamente, la profunda matriz violenta que las atraviesa, se han convertido en un objeto privilegiado en el campo de producción de conocimiento en la Argentina pos-dictadura. El artículo analiza una arista de esos modos de construcción de la “violencia policial” como objeto de conocimiento de las ciencias sociales. Desde unas coordenadas teórico-metodológicas que se valen de los aportes de Michel Foucault, se estudia cuál es el juego de la funciónsujeto que se despliega en los enunciados académicos que se organizan en torno a la “violencia policial”, poniendo de manifiesto que si bien es posible advertir dispersiones enunciativas, no obstante, es posible encontrar –al mismo tiempo– una regularidad vinculada con el hecho de que en todos ellos emerge una única y misma posición de sujeto: el experto en “violencia policial”. Finalmente, se abordan las potencialidades críticas y los riesgos inmanentes de un modo de producción de conocimiento en cuyo centro se ubica la figura del experto.

Abstract

The practices of the security forces, and more specifically, the deep violent matrix that crosses, have become a privileged object in the field of knowledge production in postdictatorship Argentina. This article analyzes an edge of these modes of construction of “police violence” as an object of knowledge in the social sciences. From a theoretical and methodological coordinates that use the contributions of Michel Foucault, the article studies what is the subject-game function that unfolds in academic statements that are organized around the “police violence”, showing that while it is possible to notice enunciative dispersions, however, it is possible to find a regularity –at the same time– linked to the fact that in all of them emerge one and the same subject position: the expert on “police violence”. Finally, the article deals with potential reviews and inherent risks of a form of knowledge production that has in its core the expert figure.

Resumo

As práticas das forças de segurança e, mais especificamente, a profunda matriz violenta que atravessa elas, tornaram-se um objeto privilegiado no campo de produção de conhecimento no período da pós-ditadura da Argentina. O artigo analisa uma parte desses modos de construção da “violência policial” como objeto de conhecimento das ciências sociais. A partir de algumas coordenadas teóricas e metodológicas que utilizam as contribuições de Michel Foucault, é estudado o jogo da função-sujeito que se desdobra em declarações acadêmicas que são organizadas em torno da “violência policial”, mostrando que ainda que seja possível perceber dispersões enunciativas, no entanto, pode ser encontrada –no mesmo tempo– uma regularidade ligada com o fato de que em todos eles surge uma única e mesma posição de sujeito: o especialista em “violência policial”. Finalmente, são abordadas as potencialidades críticas e os riscos inerentes de um modo de produção de conhecimento que tem no seu centro a figura do especialista.

Palabras clave

Expertos ; producción de conocimiento ; violencia policial ; Argentina.

Keywords

Experts ; knowledge production ; police violence ; Argentina.

Palavras-chave

Especialistas ; produção de conhecimento ; violência policial ; Argentina.

Introducción

Las prácticas de las fuerzas de seguridad y, más concretamente, la profunda matriz violenta que las atraviesa, se han convertido en un objeto privilegiado en el campo de producción de conocimiento en la Argentina. Sintomático de ese privilegio resulta la consolidación –durante los últimos 20 años– de un área de reflexión específica, dentro de los estudios sobre control social y fuerzas de seguridad, sobre “violencia policial”.

Sucintamente, a partir del análisis de los enunciados producidos en el campo académico, es posible afirmar que la “violencia policial” como objeto de conocimiento en las ciencias sociales en la Argentina se constituye básicamente sobre dos ejes, dos estrategias interpretativas diferentes, cada una de las cuales presenta reglas propias de formación del objeto, modalidades enunciativas específicas, estrategias interpretativas heterogéneas y diferentes mallas significantes entre las cuales se configura, de modo diverso, el sentido de la “violencia policial”:¹ mientras en un modelo la “violencia policial” es concebida como un fenómeno anclado dentro de la problemática de las violaciones a los “derechos humanos”,² en el otro su conceptualización se halla en relación directa con el problema de la “inseguridad”.³ En ese sentido, y recuperando los aportes conceptuales de Michel Foucault, es posible afirmar que la “violencia policial” en el campo cognitivo argentino emerge en dos formaciones discursivas distintas.⁴

Ahora bien, en estos modos diversos de constitución de la “violencia policial” como objeto de conocimiento en Argentina queda en evidencia una única y misma figura de sujeto: el experto en “violencia policial”, esto es, un sujeto de conocimiento capaz de diagnosticar el problema y, en el mismo movimiento, prescribir un tratamiento. ⁵ Dispersión de enunciados académicos, empero, cierta regularidad: es posible advertir una única y misma posición de sujeto. Si, como argumenta Foucault en “¿Qué es un autor?”,⁶ el sujeto es función de los enunciados, es el efecto de un cierto orden del discurso, entonces, la función-sujeto no se ejerce de un modo universal y constante en todos los discursos, sino que, por el contario, es una posición inmanente de los enunciados en su especificidad.

En los próximos apartados proponemos recorrer entonces sólo una pequeña arista que nos permita un acercamiento en la reflexión en torno a los modos de construcción de la “violencia policial” como objeto de conocimiento de las ciencias sociales en la Argentina pos-dictadura. Puntualmente, abordaremos –a través de un análisis arqueológico– qué sujeto de conocimiento emerge ponderado y legitimado en los enunciados académicos que se organizan en torno a la “violencia policial”. Para ello, en primer lugar, nos detendremos brevemente en las condiciones de emergencia de este objeto de conocimiento mostrando que sitúa entre las problematizaciones a las violaciones de los derechos humanos y a las tematizaciones sobre la “inseguridad”. Luego abordaremos cuál es el juego de la función-sujeto que se despliega en esos enunciados académicos diversos. Finalmente, nos detendremos en las potencialidades críticas así como en los riesgos inmanentes que presenta un modo de producción conocimiento en cuyo centro emerge la figura del experto.

Breve genealogía sobre un anudamiento estratégico

La emergencia de esta sub-área de producción de conocimiento en torno a las prácticas de las fuerzas de seguridad y sus violencias en la Argentina es posible ubicarla en un momento bien preciso. Durante los años ochenta, en el contexto de la transición democrática, las problematizaciones sobre ciertos nudos gordianos del pasado dictatorial reciente, como el ejercicio de la violencia estatal a través de sus fuerzas militares y de seguridad, devienen el sustrato sobre el que se despliega gran parte de la reflexión crítica de las ciencias sociales en Argentina.⁷ En este marco, repensar los modos y la legitimidad del ejercicio de la violencia estatal se presenta como una suerte de precondición indispensable para la vida democrática.⁸

En un primer momento, los debates y reflexiones en torno al rol que las fuerzas armadas habían cumplido en los procesos dictatoriales y el que deberían cumplir en la reciente recuperación democrática tendieron a eclipsar las discusiones teórico-políticas sobre las fuerzas de seguridad. Es recién entrados los años ochenta, y de la mano de ciertas organizaciones de la sociedad civil que habían luchado frente a los hechos de violencia estatal ocurridos durante la última dictadura y que, tras la apertura democrática, pugnan por visibilizar la continuidad de la violencia de las fuerzas de seguridad y la vulneración de los derechos humanos en la nueva democracia,⁹ que las fuerzas de seguridad y sus violencias comienzan a ser consideradas relevantes no sólo como problema político sino también como objeto de investigación académica.¹⁰

Su estructuración fuertemente jerárquica, los procesos de militarización a los que fueron sometidas, el entramado de ilegalidades en el que participan y, en términos más generales, la tensión entre fuerzas de seguridad violentas y la consolidación de la democracia, son la materia de uno de los debates más importantes de esos años, que va ocupando poco a poco una porción significativa del espacio de las discusiones teórico-políticas que tienen lugar en el campo de producción de conocimiento.¹¹ El diagnóstico que atraviesa los círculos críticos del campo académico recientemente refundado podría resumirse de la siguiente manera: una grieta profunda se ha trazado entre los modos de intervención de las fuerzas que ejercen el monopolio de la violencia estatal y las prácticas democráticas.¹² De hecho, los primeros trabajos en nuestro país que toman por objeto a estas instituciones emergen como correlato de la preocupación por repensar el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco del Estado de Derecho y la vida democrática, a partir de contribuir en dos líneas vinculadas: qué son las fuerzas de seguridad y cómo deberían ser transformadas en un horizonte democrático.

Pensar las fuerzas de seguridad en democracia se impone como cuestión ineludible. ¿Cómo saldar esa grieta? ¿Qué reformas resultan necesarias? ¿Qué herramientas son las apropiadas? Todas preguntas constitutivas de los estudios sobre las fuerzas de seguridad, en general, y sus prácticas violentas, en particular, que han caracterizado la consolidación del campo de las ciencias sociales en su proceso de institucionalización en Argentina. ¹³

Con el correlativo regreso de muchos de sus más destacados intelectuales, profesores e investigadores exiliados, la vuelta de la democracia en los tempranos años ochenta fortaleció el campo de producción de conocimiento en el área de las ciencias sociales a través de su creciente institucionalización. El retorno de los exiliados, la recuperación de la autonomía universitaria, la expulsión de los planteles de docentes impuestos por la dictadura, la renovación de todos sus claustros, la apertura de muchas de las carreras de ciencias sociales que habían sido cerradas en el contexto dictatorial, la creación de nuevas carreras, facultades, institutos y centros de investigación alentaron el crecimiento y la diversificación de la educación superior y la producción de conocimiento, así como la institucionalización creciente especialmente de las ciencias sociales y humanidades.¹⁴

La magnitud de la represión y el reconocimiento de la “derrota” de los proyectos revolucionarios supusieron la revalorización de la democracia como mecanismo privilegiado de intervención política para la resolución de los conflictos sociales tanto por parte de muchos de los intelectuales críticos como por parte de la ciudadanía en general.¹⁵ La democracia aparece en las discusiones académicas de esos años como una suerte de horizonte emancipador posible, así como también como un problema de reflexión ineludible en cuyo seno la relación con las fuerzas de seguridad emerge como un desafío teórico-político a resolver. De alguna manera, repensar la democracia, entendida ahora como un valor, significaba, repensar –al mismo tiempo– las fuerzas de seguridad, su funcionamiento, su estructuración institucional, su violencia.

Vuelta la democracia, entonces, las ciencias sociales en su proceso de institucionalización se levantan contra las fuerzas de seguridad que en la nueva coyuntura seguían funcionando bajo los mismos esquemas profundamente autoritarios y antidemocráticos. Herederas de la democracia de la década de los ochenta, entonces, la creciente institucionalización de las ciencias sociales y la emergencia de las problematizaciones de las prácticas de las fuerzas de seguridad presentan una trayectoria compartida e imbricada.

Ahora bien, en los años noventa dos acontecimientos contribuyeron a delinear y reformular los contornos de la “violencia policial” como objeto de conocimiento. En primer lugar, la instauración de la hegemonía neoliberal devino el modo de gestión por antonomasia de las políticas económicas, pero también, y como uno de sus efectos más inmediatos, una manera bien específica de intervención sobre los conflictos sociales, en cuyo marco las fuerzas de seguridad, en general, y la violencia policial, en particular, aparecen en el campo político como una suerte de herramienta necesaria para resolver las protestas sociales que aquellas políticas económicas producían. De alguna manera, los estudios sobre las fuerzas de seguridad en el campo académico local resultan, en esta coyuntura, un mecanismo de resistencia crítica a esos modos violentos de resolución de los conflictos sociales en cuyo centro se ubica y se pondera positivamente el rol de las fuerzas de seguridad.¹⁶

En segundo lugar, pero íntimamente vinculado con lo anterior, a mediados de la década del noventa, la “inseguridad” comienza a ocupar un lugar preponderante en la agenda política, social y mediática y se convierte en el eje estructurante que habilita la intervención violenta sobre los sectores sociales más desfavorecidos. Poco a poco, se consolida un sentido hegemónico de la “inseguridad” asentado en una doble subsunción. Por un lado, la “inseguridad” aparece como un problema ligado exclusivamente a los delitos, lo que deja por fuera de este espectro otras inseguridades como las sociales, laborales, de género, de tránsito, sólo por nombrar algunas. Por el otro lado, en este modo hegemónico de construcción de la “inseguridad”, atado indisociablemente al delito, opera una segunda reducción: los delitos que se iluminan bajo este prisma son aquellos protagonizados por los grupos sociales más desfavorecidos y, más puntualmente, los protagonizados por los jóvenes pobres, lo que oculta otras prácticas ilegales que producen mayor daño al conjunto social, como los delitos de los poderosos o el entramado complejo de ilegalidades en el que participan las propias fuerzas de seguridad.¹⁷ Casi sin excepciones, entonces, cuando se habla de “inseguridad” en el campo político y en los medios de comunicación se establece una férrea asociación inseguridaddelito-pobreza. Asociación que es, precisamente, la que legitima las intervenciones violentas sobre aquellos que son construidos como los “sospechosos de siempre”.

Objeto de denuncia de la violencia estatal de ciertas organizaciones de la sociedad civil en el marco de la vuelta de la democracia y herramienta de crítica y oposición al modo hegemónico de construcción de la “inseguridad” en el marco de la consolidación del neoliberalismo, la “violencia policial” también se va consolidando como objeto de conocimiento en el campo académico argentino. Poco a poco, la “violencia policial” como objeto de conocimiento se va estructurando entre dos coordenadas bien precisas: las críticas a las violaciones a los derechos humanos y las problematizaciones sobre la inseguridad. Dos modos diferentes de configuración que, no obstante y como afirmamos más arriba, presenta un núcleo común: en ambos cúmulos de enunciados emerge una misma posición legítima de sujeto de conocimiento, esto es, el experto en “violencia policial”.

El experto en violencia policial

¿En qué emplazamientos se ejerce la función-sujeto en los modos de problematización académica de la “violencia policial” en Argentina? ¿Cuál es el estatus del sujeto en esas tramas discursivas? ¿Cuál es la posición de sujeto que estos entramados enunciativos académicos habilitan?

Ambas estrategias de construcción del objeto, tanto aquella enmarcada en las críticas a la violaciones de los derechos humanos como aquella orientada a la tematización sobre la “inseguridad”, confluyen en un mismo modo de subjetivación: gana protagonismo un sujeto de conocimiento capaz de detectar un problema dado de antemano, producir un diagnóstico y, a la vez, recetar un tratamiento, proponer políticas de intervención. Y, respecto de este punto, resulta significativo que, en ambas formaciones discursivas académicas, la narración de las trayectorias político-institucionales del sujeto de la enunciación adquiere un lugar privilegiado. En los propios enunciados académicos analizados, la posición del sujeto de la enunciación se presenta estrechamente ligada a la narración de esas trayectorias. Pero, como veremos enseguida, a través del privilegio que en cada una las formaciones discursivas se hace de ciertos recorridos institucionales, esa única y misma función-sujeto que recorre a ambas –el sujeto-experto– aparece bajo dos modulaciones distintas.

Mientras que lo que habilita la emergencia de una misma subjetividad valorada es la posición en la que se ubica el sujeto de la enunciación, lo que permite afirmar que ella opera bajo dos modulaciones diferentes es el privilegio diferencial de ciertos recorridos institucionales. El sujeto de la enunciación se presenta a sí mismo como una suerte de bisagra capaz de establecer un puente entre la producción de conocimiento y otro campo social. Y precisamente lo que permite advertir dos modulaciones de esa misma posición es qué campo social resulta jerarquizado a la hora de fusionarse con la propia práctica académica: en un caso, el de las organizaciones de la sociedad civil, en el otro, el de la gestión pública estatal.

Desandemos, pues, cómo se constituyen dos figuras de expertise diferentes a partir de las cuales, no obstante, es posible advertir los contornos de un mismo modo de subjetivación.

Figura uno. El experto como punto de intersección entre las organizaciones de la sociedad civil y el campo académico

Para llevar a cabo el análisis respecto de la posición de sujeto en la primera formación discursiva académica, aquella que ancla la “violencia policial” a la problematización de la violación de los derechos humanos en la democracia,¹⁸ resulta elocuente detenernos en el libro Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio . ¹⁹ Elocuente en varios sentidos: por una parte, él es la reelaboración de la tesis doctoral de la autora, esto es, un conjunto de enunciados académicos por antonomasia. Por otra parte, el objetivo del mismo se orienta a examinar el recorrido que atraviesa un caso judicial²⁰ en el que se discuten “los umbrales del poder violento de policía” y, en ese marco, se dedican largas páginas a narrar las prácticas del Centro de Estudios Legales y Sociales en la impugnación de esa violencia.²¹ Lo relevante respecto del punto que nos propusimos abordar aquí se vincula con que, en esa narración, el sujeto de la enunciación se posiciona a sí mismo como un agente activo y valioso, en la medida en que forma parte de dos colectivos: el académico y el de las organizaciones de la sociedad civil. De otro modo: el orden del discurso se organiza –en parte– a través del relato de la trayectoria académica y político-institucional del sujeto de la enunciación, una trayectoria fuertemente vinculada con la participación activa en una organización de la sociedad civil. Así, en la introducción del libro se deja leer:

El caso Bulacio […] no me es ajeno. Quiero decir: como tanta gente de mi generación “viví” los avatares de la causa, participé de diferentes formas del movimiento social de protesta; como docente universitaria , fue materia de discusión en seminarios, varios alumnos, por aquella época, hicieron sus primeras armas de trabajo de campo haciendo entrevistas a María del Carmen Verdú y Daniel Stragá –abogados de la familia Bulacio y de CORREPI– y, luego, sus trabajos monográficos sobre ello. Como se relata en la Segunda Parte de este trabajo, desde la actividad en el CELS participé y conocí a buena parte de los abogados y funcionarios que, de diferente forma, tuvieron incidencia en la causa. Finalmente, cuando el caso no logró llegar a una sentencia en los tribunales locales y se presentó ante la CIDH, primero, y luego ante la Corte IDH, actúe en él como perito antropóloga para explicar ante el tribunal internacional qué son las razias, las detenciones por Edictos y por averiguación de identidad en este país y para explicar también la relevancia política y simbólica del caso en la memoria local (Negritas propias).²²
Decidí trabajar sobre el caso luego de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era la mía una situación privilegiada: conocía a los actores y yo misma lo era . El caso permitía reconstruir lo avatares en los que se ha ido construyendo el poder de policía y, al mismo tiempo, pensar en la'''praxis , esto es: cómo a través de acciones políticas ese mismo poder puede ser limitado o al menos seriamente cuestionado (Negritas propias).²³

En estos enunciados aparece plasmado el anudamiento entre las prácticas cognitivas, la participación en las organizaciones de la sociedad civil y la actuación en el litigio de causas judiciales. Un anudamiento que parecería efectivizarse sólo a través de la mediación de un sujeto. Pero–como ya resulta evidente– no de cualquier sujeto: “como docente”, “desde la actividad en el CELS”, “como perito” en un caso ante la Corte IDH. Es decir, un sujeto-actor, un sujeto que, inserto en un lugar enunciativo estratégico, resulta legitimado por el rol que desempeña en una red tripartita de relaciones institucionales: la universidad, las organizaciones de la sociedad civil y el campo judicial. Y es precisamente esa zona liminar lo que sustenta la legitimidad de un tipo de intervención política capaz de –como se deja leer el último fragmento expuesto– limitar o cuestionar seriamente las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad. Por contrataste, cualquier otra forma de intervención que no permita esa triple articulación –parecería enunciarse– resultaría inefectiva para limitar y poner en cuestión esa violencia, esto es, no sería capaz de “pensar la praxis”, lo que es lo mismo que decir que, en el límite, ninguna otra forma de intervención es, en verdad, política.

Más aún, es esa posición privilegiada –posición, podríamos decir tomando prestadas las palabras de Lacan,²⁴ de un sujeto con un supuesto saber experto que interviene en el litigio judicial y participa en , por y a través de las organizaciones de la sociedad civil– la que, a fin de cuentas, legitima, pondera y jerarquiza el propio trabajo de producción de conocimiento:

Todo ello facilitó, sin duda, el trabajo de campo. Pero al mismo tiempo me situó en un lugar no neutral en el sentido más corriente del término. Porque, sin duda, no existe la neutralidad en la investigación y ello está fuera de discusión pero, en este caso, mi situación era de involucramiento particular: la mayor parte de las personas a las que entrevistamos […] sabían quiénes éramos y de dónde veníamos y ese saber es mucho más significante –en este caso– que simplemente conocer que el entrevistador viene de tal universidad, de tal país y está interesado en el tema. Varias de las personas entrevistadas no sólo han sido actores principales del caso, sino que han compartido conmigo muchos trabajos y largas discusiones, así [entre otros] abogados y directores del CELS y […] de la CORREPI.²⁵

“Ese saber mucho más significante” y “lugar no neutral”, junto con el uso narrativo de la primera persona del singular, son las marcas a través de las cuales, en esta formación discursiva académica, se entroniza una dinámica argumentativa orientada a sostener el compromiso político de la producción cognitiva. De forma explícita, mediante esos giros expositivos queda en evidencia que la participación del sujeto de conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil es la que sostiene un trabajo académico comprometido. Tenemos, entonces, el siguiente esquema: una producción de conocimiento que es comprometida porque supone el involucramiento particular del sujeto de la enunciación, que es comprometida porque es inmediatamente política y, a la inversa, que es política porque es inmediatamente comprometida.

Asistimos aquí a una homologación casi directa entre saber comprometido y participación activa en, desde y por otras esferas sociales, resultando, por lo tanto, casi negada la posibilidad de una producción de conocimiento que, al mismo tiempo, sea inmanentemente política, sin ser inmediatamente instrumentalizable.

En esa línea, deviene interesante resaltar la segunda parte del libro que estamos analizando. Las 94 páginas que la componen se orientan a describir y analizar las acciones desarrolladas por el CELS, y en esa narración aparece en un lugar preponderante la propia práctica de la autora, reafirmando nuestra tesis de que en la problematización de la “violencia policial” la posición de sujeto queda estructurada en torno a la posibilidad de saber para hacer , en este caso, en, desde y por las organizaciones de la sociedad. Allí la atención recae, entre otras, en dos cuestiones que merece la pena destacar: por un lado, la participación activa del sujeto de la enunciación en el CELS, a través de la dirección de uno de sus programas –la autora es, desde 1993, la Directora del Programa “Violencia policial, seguridad ciudadana y derechos humanos”–; y, por el otro, la intervención directa en un caso judicial –el caso Bulacio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos– como perito. Veamos cada una.Primero:

La escritura de esta Segunda Parte del trabajo tiene algo de periplo y también de acto de memoria. Para esta tesis, el trabajo de búsqueda de documentos ha sido también la revisión meticulosa de papeles, afiches y diarios que hace tiempo tenía guardados […]. Todos ellos han sido parte de mi propia historia […]. [E]ntre un folleto convocando a una marcha de las Madres, en los primeros años de la democracia, y otro en el que el CELS convocaba contra el indulto, encontré uno en el que el 28 de agosto de 1991, meses después de la muerte de Walter, aparecía en un panel con la abogada de la CORREPI. Fue ahí que conocí a María del Carmen Verdú, cuando compartimos una mesa en el salón de actos de un colegio secundario […]. Me di cuenta entonces de que esta escritura incluiría también esos actos, en lo que la memoria de las propias acciones da forma a los indicios desde los que se va construyendo la explicación de la historia. […] Por eso digo que se trata de un periplo en el que en un recorrido anterior la antropóloga ha dejado en algunos parajes algunas marcas, huellas, constructos mínimos que se han sumado a las de los otros nativos y ahora, de vuelta, no puede sino explicarlos'''también'''como su propia obra […]. Y ello es así porque lo que en esta Segunda Parte será narrado es el trabajo del CELS. El trabajo del CELS sobre violencia policial por aquellos primeros años de democracia–y hasta el fin de siglo– es, en cierta medida, aquello que, con la inspiración de otros y de la mía propia , fue armándose hasta ser un programa en el que se cruzaba la acción política y la investigación antropológica (Cursivas en el original. Negritas propias).²⁶

Destaquemos dos puntos: “su propia obra” y “la inspiración de otros y la mía propia”. La característica saliente que legitima al sujeto de la enunciación-experto consiste, como ya dijimos, en su auto-presentación como actor clave en las organizaciones de la sociedad civil: ella es una nativa. Y esa participación activa legitima un saber que es comprometido porque puede hacer, un saber que es ya-desde-siempre un hacer . Un saber que se orienta a intervenir políticamente, donde la idea de intervención política queda circunscripta a la participación en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, en esta formación discursiva académica, la posición de sujeto es política porque interviene en , desde y para ese campo social. Resulta elocuente adelantar que este anclaje de la definición de acción política difiere sustancialmente –volveremos a ello– del modo en que ella es definida en la otra matriz de problematización: en este caso, asistimos a una suerte de inmediatez entre acción política-participación en las organizaciones de la sociedad civil, mientras que, en el otro caso, el puente sin solución de continuidad se establece entre acción política-gestión pública estatal.

Mejor aún, a lo que asistimos es a un doble vinculo de legitimación: la participación en las organizaciones de la sociedad civil es el nombre de la acción política y la investigación académica buena/comprometida –y por ello, política con todas las letras– es aquella que produce en , desde y para las organizaciones de la sociedad civil.

En 1993 el CELS firma un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se edita en formación conjunta el “Primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Argentina”, con un capítulo especial sobre violencia policial. También en el marco del convenio se formaliza el programa de trabajo del CELS “Violencia policial, seguridad ciudadana y derechos humanos” […]. En los primeros años de la década de los 90, el CELS […] había […] logrado dar cuenta del problema en la agenda pública y hacerlo materia de debate e interés en universidades y centros de estudio […]. En 1989 se publica el trabajo “La construcción social de imágenes de guerra en la Argentina […] 1982/1989”, que iniciara la colección “Cuadernos del CELS” y cuya autoría comparto con Alicia Oliveira. […] El material fue presentado en el III Congreso Argentino de Antropología Social, realizado en la Universidad Nacional de Rosario (Negritas propias).²⁷

Segundo: respecto a la cuestión de la participación activa en causas judiciales, merece toda nuestra atención la importancia que asume, en este esquema argumentativo, la descripción y el análisis del recorrido del propio sujeto de la enunciación como perito en el caso Bulacio:

[En el caso Bulacio contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos] se ofrece como prueba testimonial –personas que puedan declarar en el juicio–, a la madre, hermana y un tío de Walter, así como al chico que estuvo detenido con él. También al ex policía que ejercía funciones en la comisaria la noche de los hechos. Finalmente, se ofrecen expertos y peritos sobre el tema . Para los primeros, el abogado Gustavo Palmieri, Director del Programa Violencia Institucional, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del CELS; y quien esto escribe, como investigadora de la Universidad de Buenos Aires (Negritas propias).²⁸
[En la audiencia ante la Corte IDH) El primer paso fue leer el acuerdo entre las partes […] y, a continuación, los jueces escucharán a la testigo –la madre de Bulacio– y a las peritos –Graciela Guilis y Sofía Tiscornia (Negritas propias).²⁹

Entonces, si dijimos que en esta formación discursiva el anudamiento entre producción de conocimiento y participación activa en el campo de las organizaciones de la sociedad civil legitima al propio sujeto de la enunciación, el círculo legitimante se cierra con la incorporación de su participación en campo jurídico. En otras palabras: más que un doble vínculo de legitimación, se advierte uno triple, esto es, saber hacer en casos judiciales desde las organizaciones de la sociedad civil.

Para reforzar este punto, detengamos la atención en una última cuestión. Paradigmática resulta la disputa subrepticia que se hace presente en algunos enunciados del libro en cuestión y que permiten advertir dos modulaciones distintas de expertise . En ellos se narra la participación en el caso Bulacio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las disputas que esa participación ocasiona entre dos tipos bien diferentes de peritos. En el apartado “Tras bambalinas” se afirma:

Hubo además otra disidencia con los representantes del Estado , pero esta fue menor. Era una controversia respecto de si los testigos y peritos que estaban presentes para declarar en la audiencias podían hacerlo o no. El Estado no había ofrecido testigos en esta instancia, habían desistido de ello y por eso impugnaban que la Comisión los llevara para argumentar sobre las reparaciones no económicas. Hubo una discusión jurídica y se le dio la razón a CIDH. Como parte de ese debate, se consintió que el Estado podía pedir un testigo propio sobre los temas que iban a ser objeto de pericia e incorporar por escrito lo que él mismo argumentara como contraparte sobre la cuestión. […] El perito designado fue un asesor de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación , el abogado Máximo E. Sozzo (Negritas propias).³⁰

Retengamos lo siguiente: el encadenamiento argumentativo deja en evidencia dos figuras de sujeto-experto (peritos) diferentes: por un lado, el sujeto de la enunciación, que adquiere esa posición por su doble rol de investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de agente activo del CELS; por el otro lado, un asesor de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, que es situado en ese lugar enunciativo mediante su presentación como testigo del propio Estado. Aquí ya se advierte que lo que está en juego en esta disputa es un tipo de intervención experta, desde las organizaciones de la sociedad civil, en oposición a otro tipo de intervención experta, desde el Estado. Más adelante, incluso, se argumenta:

[E]n el último tramo de las negociaciones antes de llegar al veredicto por juramento, este clan sumó a sus huestes a un personaje que el pequeño clan pensaba, en cambio, que estaba de su lado: quien ofició de perito del Estado para explicar el funcionamiento de las detenciones policiales. La confianza devenía del conocimiento de los trabajos escritos por el perito y de que éste frecuentaba las actividades que el pequeño clan solía organizar. Baste decir que, en la pericia, el funcionario del Ministerio de Justicia omitió decir que la reforma de la ley, que habilita a detener personas por averiguación de identidad, fue consecuencia de la muerte de Bulacio y no de una iniciativa garantista del Estado; así como que los Edictos policiales continuaban vigentes en la mayoría de las provincias argentinas. Tampoco dijo nada acerca del funcionamiento cotidiano de estas atribuciones policiales (Negritas propias).³¹

Aparecen, entonces, dos “lados” enfrentados que delinean dos formas de expertise diferente. Por un lado, el perito del Estado argentino y, por el otro, la perito propuesta por la Comisión Interamericana. Si lo que no está en duda es que ambos forman parte del campo de producción de conocimiento, lo que se pone en discusión y concita las diferencias es el lugar y el modo del saber-hacer , esto es, en , desde y para qué espacio social se produce conocimiento y se interviene. Dos tipos de sujeto-experto aparecen delineados: uno legítimo y otro ilegitimo. De alguna manera, se deja entrever que un saber –cuando no un tipo de sujeto experto– en , para y por el Estado es engañoso, ocultador y, por ello, ilegítimo.

En síntesis, en esta primera formación discursiva académica, el sujeto y su legitimidad parecerían sostenerse en la posibilidad de ensamblar producción de saber, participación activa en las organizaciones de la sociedad civil e intervención directa en el campo judicial y, en cambio, el sujeto-supuesto-saber que interviene desde el Estado resulta denostado. En la narración de esa disputa entre diferentes tipos de intervención se dejan anunciadas de forma condensada las dos modulaciones de expertise entre las cuales se configura la “violencia policial” en los discursos académicos: una que se ubica entre el campo académico y el campo de las organizaciones de la sociedad civil, usando herramientas jurídicas (figura que acabamos de analizar), y otra que se ubica entre el campo académico y la intervención activa en , por y desde el Estado (figura que analizaremos a continuación). Pero insistamos, una vez más, en lo siguiente: en cualquier caso, en ambas plétoras enunciativas académicas la producción de conocimiento está (y debe estar) orientada a la intervención directa en otros campos sociales. Antes de abocarnos a ello, detengámonos en las especificidades de la segunda figura.

Figura dos. El experto como punto de intersección entre la gestión pública estatal y el campo académico

Respecto a la segunda modulación que asume esa posición de sujetoexperto en los enunciados académicos sobre la “violencia policial”,³² resulta interesante recorrer el encadenamiento argumentativo del libro El Leviatán azul: policía y política en la Argentina . ³³ El mismo se encuentra dividido en dos partes. La primera aborda el problema de la “seguridad pública” poniendo especial énfasis en un nudo difícil de desentrañar: la relación entre policía y política. La segunda plantea, una vez que se ha diagnosticado el problema, “qué hacer y cómo hacerlo”, y en función de ello, se proponen un conjunto de lineamientos de reforma del sector–fundamentalmente, se proponen mecanismos de reforma de las fuerzas de seguridad.

[L]a construcción de la democracia impone la necesidad de reformular las misiones y funciones de la institución policial en torno al control del delito y el cuidado de la paz social, a fin de reconvertir sus bases doctrinales y sus estructuras organizativas y funcionales antiguas y desactualizadas y dotarlas de una nueva modalidad de conducción, en manos de las autoridades gubernamentales electas a través del sufragio universal. Se trata, en consecuencia, de someter al Leviatán azul a un proceso de metamorfosis que lo convierta en otra cosa, y que, como consecuencia de ese cambio, transforme también la relación de la política y de la sociedad con la seguridad y la policía. De eso se trata en este libro (Cursivas en el original). ³⁴

En el marco de este objetivo bifronte –diagnosticar y prescribir tratamientos, podríamos decir nosotros–, el sujeto de la enunciación emerge posicionado del siguiente modo:

He escrito este libro como analista y como actor de gran parte de la trama abordada por él. Lo he hecho como analista tras algunos años de reflexión e investigación académica sobre los asuntos de la seguridad y, específicamente, sobre el desempeño de la clase política local frente a ellos. Ésta ha sido una preocupación recurrente en mis trabajos anteriores –tesis, investigaciones y ensayos– referidos a las relaciones cívico-militares y a las cuestiones de la defensa nacional, y lo es, desde hace un tiempo, con relación a la seguridad pública. […] Y también he escrito este libro como actor , porque he ocupado desde el año 2000 algunos puestos institucionales de gestión de la seguridad pública en los ámbitos provincial y nacional. Hasta he tenido la osadía de convertirme recientemente en jefe de policía, más precisamente, en jefe de la primer institución policial creada en democracia en el ámbito federal, esto es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Me formé para ser un cientista social, un académico de tiempo completo, y no para desempeñarme como conductor superior de una institución policial. Quizás esa estrepitosa e impensable mutación encuentre en este texto alguna explicación indirecta en la desidia con que tradicionalmente la clase política ha tratado estos asuntos, y en la consecuente falta de funcionarios y cuadros de gestión gubernamental en la materia. Lo cierto es que esta experiencia, costosa y sacrificada, me ha sumergido en mi “base empírica” […] pero no como analista, sino como actor y protagonista de hechos y sucesos que no siempre –más bien casi nunca– han tenido un final feliz. Valga entonces este libro también como una suerte de testimonio activo de todo aquello que aquí se aborda (Cursivas en el original. Negritas propias).³⁵

Como queda claro en el enunciado presentado, también en esta segunda formación discursiva académica aparece una yuxtaposición entre espacios sociales diversos, pero, en este caso, son otros los espacios sociales que resultan interconectados. Si en aquella que analizamos en el apartado an-terior el ensamble que se reivindica es entre el campo académico y el campo de las organizaciones de la sociedad civil, en esta segunda –como se deja leer en el título del prefacio del libro mencionado– el “Encuentro de dos mundos” al que hace referencia es al ensamble del campo académico y del campo de la gestión pública estatal. Asimismo, como se advierte en el enunciado anterior, aquí también la narración de la trayectoria institucional del sujeto de la enunciación deviene parte fundamental de la estructura argumental del entramado discursivo. Si bien en ambos casos son puestas en primer plano las trayectorias académicas, la especificidad de la segunda radica, no obstante, en que no es el recorrido por las organizaciones de la sociedad civil –como se advierte en el caso de la primera figura de experto– lo que resulta destacado sino, antes bien, los periplos atravesados por el sujeto de la enunciación en diferentes puestos institucionales de gestión estatal.

Atendamos al modo en que se presenta esa narración. Bajo el sugerente título “Qué hacer y cómo”, en la segunda parte del libro, en el apartado “Entre la vida académica y la actividad política”, a través del uso de la primera persona del singular, se relata lo siguiente:

El primer contacto directo que tuve con el sistema institucional de seguridad pública provincial se produjo a fines de 1997. Luego de la derrota que sufrió el peronismo bonaerense en las elecciones legislativas […], el gobernador Eduardo Duhalde dispuso […] la “intervención civil de la Policía Bonaerense” […]. Esta intervención se extendió hasta marzo de 1998 […], en cuyo contexto se produjo una serie de cambios significativos en la estructura policial bonaerense pero que, en su conjunto, al poco tiempo quedó trunco […]. En el marco de la intervención civil, se creó el Instituto de Política Criminal y Seguridad […]. Al frente de este instituto fue designado Carlos Arslanián, y Alberto Binder asumió como secretario ejecutivo […]. Este último me invitó a participar de la iniciativa y estuve a cargo del Programa “Legislación y Políticas de Seguridad”.³⁶
[E]n diciembre de 1999, a los pocos días de que el gobierno aliancista de De la Rúa asumiera la Presidencia de la Nación, por solicitud de dicho gobierno, me incorporé a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de la Presidencia de la Nación, y al tiempo asumí como comisionado de Prevención y Control de Lavado de Dinero, función que desarrollé hasta diciembre de 2001. Desde entonces, fui designado como director de Unidad de Información Financiera en representación de la SEDRONAR. […] Entre julio de 2002 y enero de 2003 […] ejercí mis tareas como subsecretario de Planificación y Logística de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires.³⁷
En definitiva, esta experiencia profesional […] y la reorientación de mis actividades académicas de investigación hacia los temas de seguridad pública cuando me desempeñé como viceministro de Seguridad bonaerense en 2002, me brindaron una perspectiva estratégica de la problemática que me permitió encarar mejor la coyuntura […].³⁸

A partir de su incorporación directa en diferentes ámbitos de la actividad estatal, el sujeto de la enunciación –“formado para ser un cientista social”–, se vuelve experto, claro está, ocupando diferentes puestos estratégicos en la gestión pública estatal. Como se afirma en uno de los fragmentos, hasta ha tenido “la osadía” de convertirse en “jefe de policía, más precisamente, en jefe de la primer institución policial creada en democracia en el ámbito federal, esto es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Ahora bien, si retomamos la segunda parte de la ecuación que compone el título del apartado bajo el cual se sitúan los fragmentos expuestos, esto es, “la actividad política”, resulta claro que, como ya adelantamos, en este caso el anclaje de la definición de acción política difiere sustancialmente del modo en que ella es definida en la otra matriz de problematización. Aquí “política” se presenta en estrecha relación con la gestión pública estatal, hasta el punto, incluso, de postular a la política y al Estado como sinónimos. En el fondo, nos encontramos con una tautología, porque “actividad política” sólo toma forma en , desde y para la gestión pública estatal. Esto significa que, entre política y Estado, asistimos a una circularidad: “política” remite a un ejercicio circunscripto a la lógica estatal y la lógica estatal resulta por antonomasia (por no decir con exclusividad) el lugar de la política. Por lo tanto, “política” es Estado. Circularidad esencial que opera una positivización de un –y sólo un – espacio para la política.

Volvamos una vez más al texto. El resto de los apartados que componen ese mismo capítulo prosiguen describiendo pormenorizadamente los avatares que el sujeto de la enunciación atraviesa en esa trayectoria políticoinstitucional-estatal. Repasemos ese recorrido narrativo. En el apartado “Una gestión complicada” se afirma:

En la mañana del domingo 30 de junio de 2002, a cuatro días del asesinato de Santillán y Kosteki, el dirigente del Frente para un País Solidario (FREPASO) Juan Pablo Cafiero me telefoneó para comentarme que el gobernador Felipe Solá lo había convocado a su residencia para solicitarle que se hiciera cargo del Ministerio de Seguridad provincial […]. Con Cafiero me unía una antigua amistad personal alimentada por el hecho de militar políticamente juntos desde mediados de los años ochenta en el PJ. […] Cuando en aquella conversación telefónica me solicitó una opinión acerca de la respuesta que debía darle al gobernador Solá, le dije que no aceptara semejante desafío ya que no contábamos con un equipo de gobierno en la materia ni con un plan de seguridad asentado en un conocimiento pormenorizado […]. En este marco, Cafiero me dijo que aceptaría el ofrecimiento […]. A él le interesaba mi parecer porque yo era la única persona de su entorno que me había especializado en temas de seguridad y quería que lo secundara en su nueva función. Pese a mi opinión contraria, la relación política y personal que me unía a Cafiero hizo que aceptara el desafío, y el 2 de julio juré como subsecretario de Planificación y Logística de la Seguridad del Ministerio de Seguridad bonaerense (Negritas propias).³⁹

Asimismo, en “El sistema de seguridad provincial: un volcán en erupción”, se argumenta:

Apenas nos hicimos cargo del ministerio, este conjunto de deficiencias institucionales se tornaron evidentes y fueron largamente conversadas entre Cafiero y yo. […] En mi caso, preferí conformar un equipo de personas jóvenes predominantemente extraídas del medio académico, ya que el mundo de la política no me brindaba cuadros con la entidad intelectual y profesional que yo procuraba […]. Mi principal colaborador fue el politólogo Germán Montenegro, un investigador en temas militares de la UNQ y especialista en inteligencia (Negritas propias).⁴⁰

Unas páginas después, bajo el subtítulo “Corrupción y manejos espurios”, se explicita:

Apenas iniciamos nuestra gestión, comprendí cabalmente cómo funcionaba el circuito de la corrupción en el área de la seguridad. Parte de la recaudación ilegal que la policía recolectaba […] era entregada a los responsables políticos del Ministerio. […] El oficial asistente de uno [de los jefes policiales] me sondeó para saber si el que recibiría la “mensualidad” correspondiente al Ministerio era yo. En la ocasión, le indiqué que ni el Ministro ni yo recibiríamos nada […]. Aquella clase magistral […] me sirvió para ratificar lo que venía investigando desde hacía un tiempo en la vida académica y que ya había cristalizado en artículos y libros especializados , a saber que el sistema de recaudación ilegal tuvo y tiene protección y sustento político (Cursivas en el original. Negritas propias). ⁴¹

En todos estos enunciados se repite –una y otra vez– el solapamiento entre producción de conocimiento y gestión pública estatal. Solapamiento que, en algunos casos, es denunciado por ausente, en otros se reivindica como necesario, en otros deviene signo de una marcada solidez. Y todos ellos muestran, con una insistencia sintomática, la huella perentoria de la matriz de producción de conocimiento que podríamos llamar –volveremos a ello en un momento– “diagnóstico-terapéutica” en una conjugación institucional-modernizante. Del mismo modo, en los primeros renglones de “Superando la coyuntura” se afirma:

Pese a las diferencias iniciales que tuvimos con el ministro Cafiero, yo era su persona de confianza y su más estrecho colaborador […]. [P]use al grueso de mi equipo a trabajar […] en la elaboración de planes y estrategias de reforma y modernización institucional […] (Negritas propias).⁴²

Repasemos una vez más. La narración se sostiene en la incorporación de eslabones que se refuerzan mutuamente en la senda de una férrea legitimación del solapamiento producción de conocimiento-gestión pública estatal. ¿Cuál es –en parte, al menos– el diagnóstico respecto del problema de las fuerzas de seguridad y la “inseguridad”? Las deficiencias institucionales. ¿Qué se debe, entonces, hacer? Intervenir en la gestión pública estatal produciendo las reformas necesarias.

Ahora, si bien en el primer párrafo citado al inicio de este aparatado, que corresponde a un fragmento de la introducción del libro en cuestión, se dejaba leer “he escrito este libro como analista y como actor”, una forma argumentativa que parecería entender a la producción cognitiva y a la participación en instancias de gestión estatal como dos actividades distintas–aunque, en algunos casos, como es éste, mancomunadas–, en verdad, a medida que avanza el recorrido argumentativo, ese énfasis se desdibuja y se opera un desplazamiento: de una estructura conjuntiva entre analista y actor, hacia una suerte amalgama sin contornos claros, esto es, el analistaactor. De esta manera, emerge con claridad un sujeto-experto que se sitúa, y eso es precisamente lo que lo legitima, entre dos espacios sociales, el académico y el de la gestión pública-estatal. Mejor aún, parecería dejarse entrever que él mismo, en tanto sujeto-experto, es el lugar donde se opera esa yuxtaposición de esferas.

Por otra parte, resulta necesario destacar cómo entra nuevamente en escena la matriz argumental fuertemente anclada en el saber -hacer : el fracaso de la gestión política para reformar y modernizar el sistema policial–como presentamos a continuación– se debe, en parte, al desconocimiento. O, dicho de manera invertida: sólo si se conoce se puede reformar y modernizar, y como se debe reformar y modernizar, se vuelve imperioso–entonces– conocer:

[H]a primado una combinación de desconocimiento , indiferencia y temor frente a las consecuencias que podría acarrear la desarticulación de semejante estructura político-institucional. […] En consecuencia, el fracaso de nuestra gestión en reformar y modernizar el sistema policial bonaerense no ha respondido a la resistencia policial, sino, más bien, a la inconsistencia e impericia de las autoridades ministeriales –entre las que me incluyo– en sentar las condiciones institucionales necesarias para elaborar y sustentar un programa de acciones en ese sentido (Negritas propias).⁴³

Una vez diagnosticado el problema a partir de la expertise de un sujeto que se legitima en la medida en que forma parte, al mismo tiempo, del campo académico y del campo de la gestión pública estatal, en el capítulo cinco del libro, se hace presente nuevamente –pero ahora en toda su dimensión– una matriz que se ocupa de la búsqueda de las causas, en pos de proponer soluciones. El eje que organiza las casi noventa páginas que componen ese capítulo aparece condensado, de manera palmaria, en su título: “Cuando sobran planes estratégicos pero faltan estrategas. Lineamientos para una reforma institucional en seguridad pública”. Dentro de ese marco, el sujeto de la enunciación se presenta a sí mismo como aquel “estratega” capaz de proponer los lineamientos necesarios para una reforma del sistema de seguridad: él mismo es el que diagnostica y aporta, “desde una perspectiva integral”, ⁴⁴ las pautas para el establecimiento de “políticas públicas integrales” para el sector.⁴⁵

A la solución se puede arribar –parecería esbozarse– a través de la expertise , de un tipo de conocimiento orientado a proponer soluciones que sólo puede ser encarnado por un sujeto que se sitúa en el umbral entre la academia y el campo político, esto es, cientistas sociales que ocupan cargos en la gestión pública estatal:

La reforma institucional requiere de una amplia capacidad de gestión política, que resulte de la conformación de un equipo de gestión que detente los conocimientos técnicos-profesionales sobre los asuntos de seguridad pública y, en particular, sobre la institución policial, así como la aptitud operativoinstrumental necesaria para diseñar, implementar, evaluar eficientemente las estrategias de reforma y la planificación de las acciones que se lleven a cabo para su materialización.⁴⁶

¿Quién podría ser, si no el propio sujeto de la enunciación, el tan necesario estratega? Ningún otro. El enunciador se posiciona a sí mismo como el único agente que, a través del conocimiento experto, puede diagnosticar e intervenir para solucionar el problema de la “inseguridad” y, con ello, el de la “violencia policial”. Es él quien –recuperando el eslabonamiento que estructura uno de los fragmentos presentados–conoce , entiende y, por ende, puede y debe conducir .

Reflexiones finales: sobre potencialidades y límites de la expertise

En ambas formaciones discursivas académicas el mismo gesto parecería repetirse. Un gesto que hace más y más difusos los límites entre la práctica cognitiva y las prácticas desplegadas en otros campos sociales. En un caso es la actividad llevada a cabo en las instituciones de gestión estatal, mientras en el otro es la participación activa en las organizaciones de la sociedad civil lo que legitima un tipo de conocimiento que se reivindica como político/comprometido, un tipo de conocimiento que se encarna, y a través del cual se delinea, un peculiar modo de subjetividad: el experto. En realidad, estamos frente a dos reacciones gemelas: en un caso, positivización de la política democrática en –y sólo en– las organizaciones de la sociedad civil, en oposición directa al Estado; en el otro, positivización de la política democrática en –y sólo en– el Estado. Dos figuras –por tanto– simétricas y complementarias: simple condena o simple celebración.

Estas coincidencias entre sendas formaciones discursivas académicas analizadas se vinculan con el proceso de conformación de una expertise local que, a través de universidades, congresos académicos, publicaciones y la participación en organizaciones de la sociedad civil o directamente en la gestión pública estatal, han logrado instaurarse como interlocutores válidos en la formulación e implementación de políticas públicas sobre esta cuestión. Irreductibles a un único espacio, estos expertos en “violencia policial” permiten el ensamble entre dos esferas: por un lado, la académica; por el otro, o bien la de las organizaciones de la sociedad civil, o bien la de la gestión pública estatal. ⁴⁷

Siguiendo los desarrollos de Jaques Derrida, podemos afirmar que entre ambas formaciones discursivas académicas lo que se establece es una iteración : se repite una misma métrica, el sujeto-experto, pero cada repetición le imprime un sentido específico, es decir, con cada repetición esa posición de sujeto se desplaza adquiriendo un contenido distintivo. La iteración alude, pues, a la posibilidad de repetición en la diferencia. ⁴⁸

¿Por qué resulta interesante hacer hincapié en esta suerte de repetición que supone siempre-ya alteración? Porque, creemos, la imagen de la iterabilidad impide, en rigor, cualquier forma de reflexión que busque puros y grandes fundadores, iniciadores, legisladores.⁴⁹ Destierra aquella supuesta intención consciente de un sujeto como origen supuesto de la significación. Resulta una herramienta fructífera, por tanto, en la medida en que, al poner en cuestión la pretensión de una búsqueda del origen donde encontraríamos la voluntad del sujeto, permite indagar cómo en el emplazamiento de múltiples elementos se producen efectos de conjunto. Y nos preguntamos: ¿cuál es el efecto que producen unos modos de producción de conocimiento en cuyo centro se ubica la figura del experto? En la entronización de la figura del experto es posible advertir un claro distanciamiento respecto de cualquier pretensión de independencia absoluta de la producción cognitiva en la medida en que en ambos casos –aunque de manera manifiestamente distinta– se enfatiza permanentemente la politicidad de toda producción de conocimiento. Precisamente, es ese esfuerzo por producir un modo de conocimiento que se distancie de cualquier pretensión de discontinuidad absoluta entre ciencia y política y que, en ese sentido, no se limite a juzgar lo existente a la luz del ideal de una ciencia desde, para y por sí misma , lo que deviene, al mismo tiempo, potencia y límite para la criticidad del conocimiento.

Si se opera un corrimiento respecto de la presunta independencia de la ciencia, en ambos casos, sin embargo, se cae en el gesto opuesto: la inmediatez absoluta entre producción de conocimiento y política desde , para y por otros campos sociales. Esto es, no sólo no se opera un desplazamiento de la pretensión de instrumentalidad plena, sino que se la pondera, jerarquiza y reclama. Más aún, resulta posible afirmar que la matriz diagnóstico-intervención que atraviesa a ambas formaciones discursivas académicas de la “violencia policial” no es otra cosa que un esquema típicamente subsidiario de esa pretensión de instrumentalidad; esquema donde, demasiado de prisa, se impone el siguiente imperativo: el análisis crítico debe ser prescripción afirmativa.

En este punto se nos plantea el siguiente interrogante: si la producción cognitiva es reducida a un esquema como ése, ¿cuáles son los riesgos? Ese afán por traducir, inmediatamente, el conocimiento en intervención política, absolutiza lo que se presenta como fenómeno, en lugar de poner en cuestión aquello que ha sido naturalizado. Y el riesgo es que, de esa manera, se reifica la facticidad. La matriz diagnóstico-terapéutica en la ciencia y su correlato necesario: el sujeto-experto, objetando incluso la pretensión cientificista de una ciencia pura, son sin embargo subsidiarias del gesto de reificación del status quo , ya sea haciendo propias las premisas a través de las cuales otros campos sociales construyen los problemas, o bien procurando los mismos modos de intervención de otros campos sociales (en nuestro caso, de un lado, el campo de las organizaciones de la sociedad civil y del otro el campo político en sentido estricto).

Además, y en íntima vinculación con lo anterior, la matriz diagnósticoterapéutica (piedra angular del conocimiento experto), al desconocer la mediación, sólo puede formular preguntas a las que ya ha creído encontrarles solución. La inmediatez conspira, así, contra el intento de producir una crítica aguda a la agenda política de nuestro tiempo. Y el problema radica, precisamente, en la inmediatez: la necesidad de traducibilidad de la producción de conocimiento para la intervención (política) en otros campos sociales que caracteriza a un tipo de práctica cognitiva consagrada a intereses pragmáticos precisos evita la problematización crítica de su propio mecanismo de producción, así como de la intervención propuesta. En ese sentido, la “violencia policial” como objeto de conocimiento, en sus diversos matices, presenta un bloqueo producto del privilegio de la respuesta. No puede formular aquellas preguntas que no encuentran ya disponible de antemano su solución; aquellas que no fueron confeccionadas a la medida de respuestas prexistentes. Diagnósticoterapéutica es una forma de producción cognitiva que atenaza, en parte, su potencialidad crítica. Funciona como un dispositivo de exclusión que cercena la criticidad del conocimiento ya que sólo puede pensarse lo que presuntamente ya se ha resuelto.

Pero cabe destacar, asimismo, otro efecto de este modo de producción cognitiva: la idea de un tipo de conocimiento al servicio de las intervenciones políticas supone una concepción de las prácticas cognitivas como, en sí mismas, carentes de cualquier atributo transformador, salvo que esté directamente al servicio de la intervención activa o bien en la gestión pública estatal o bien en las organizaciones de la sociedad civil. Como señalamos, nos encontramos ante dos órdenes de clasificación diferentes donde el concepto de política y la idea de transformación social que él involucra resultan congelados en un “lugar”: totalmente fuera del Estado o totalmente al interior de él; en ambos casos, aunque de manera diversa, nos encontramos con una fijación. Dos formas de positivización de la politicidad del conocimiento: en un caso, positivización de la politicidad en la medida en que interviene en –y sólo en– las organizaciones de la sociedad civil; en el otro, positivización de la politicidad en la medida en que interviene en –y sólo en– el Estado. Dos formas –por tanto– complementarias: la politicidad intrínseca del conocimiento resulta internamente minada en la medida en que es derivada.

En esa articulación compleja de modos diferentes de producción cognitiva se delinean los límites de aquello que es posible pensar, decir y hacer, y lo que no. Y es por ello que nos propusimos reflexionar sobre unos modos de conocimiento que contribuyen a desnaturalizar y deslegitimar las intervenciones violentas de las fuerzas de seguridad. Respecto de la “violencia policial” en las ciencias sociales en la Argentina, lo que se piensa, dice y hace se estructura entre derechos humanos e “inseguridad”, y lo que se piensa, dice y hace se legitima en función de un experto que sabe para hacer , donde la politicidad del conocimiento queda exclusivamente asociada a la intervención desde, para y por otros campos sociales.

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Notes

1. Ciertamente, tal distinción no supone postular la existencia de dos modelos puros y tajantemente enfrentados entre sí, sino que busca atender a los matices y tensiones internas que atraviesan al campo del saber sobre la “violencia policial”. Cabe subrayar, entonces que las dos estrategias que proponemos diferenciar no son excluyentes ni se definen por oposición. Ver: Sozzo, M. (comp.) (1999), Seguridad Urbana: Nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal , Ediciones UNL, Santa Fe; Gayol, S. y Kessler, G. (comp.) ( 2002b ), Violencias, delitos y justicias en la Argentina , Manantial, Buenos Aires; e Isla, A. (comp.) ( 2007 ), En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el Cono Sur , Paidós, Buenos Aires.

2. En estos enunciados académicos, el fenómeno de la “violencia policial” aparece definido como uno de los temas en la agenda de los derechos humanos, y su emergencia se vincula con el proceso de transición democrática y las prácticas de luchas de algunas organizaciones de la sociedad civil. En consonancia con los modos en que esas organizaciones orientan sus prácticas, los enunciados de las ciencias sociales comprendidos en esta matriz de problematización fijan el sentido de “violencia policial” articulándolo con “derechos humanos”, concentrándose en las prácticas que vulneran, cercenan, violan y reprimen los derechos de primera generación. En esta línea interpretativa la “violencia policial” presenta un carácter estructural, es decir, es un elemento que define y constituye a las fuerzas de seguridad de las democracias latinoamericanas. Cfr . Seghezzo, G. ( 2010 ), “Entre los derechos humanos y la (in)seguridad: modos de construcción de la ‘violencia policial’ en las ciencias sociales”, en Galvani, et al ., A la inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas policiales, mediáticas y académicas , Hekht, Buenos Aires.

3. Estos enunciados académicos se despliegan encadenando el fenómeno de “violencia policial” al binomio seguridad/inseguridad. Este modo de construcción del objeto se vincula con los discursos sociales hegemónicos sobre la “inseguridad” que proliferaron en la Argentina en paralelo a la consolidación del modelo neoliberal. Discursos que fundamentalmente atravesaron y atraviesan el campo de los medios masivos de comunicación y el campo político, pero que también articularon y articulan las prácticas de algunas organizaciones de la sociedad civil autodenominadas de “víctimas y familiares de víctimas de la inseguridad”. Cfr . Seghezzo, G. ( 2010 ), op. cit .

4. Las formaciones discursivas son sistemas de dispersión entre enunciados que elaboran conceptos, objetos, tipos de enunciados y fijan modos de relación entre éstos, legitiman instituciones, citas, entre otros, y determinan lo que puede y debe ser dicho en una coyuntura dada. La noción de formación discursiva permite dar cuenta de cómo una serie de discursos, aun heterogéneos entre sí, pueden plantear cierta homogeneidad respecto a las reglas de formación de sus enunciados (la formación de los objetos, de los conceptos y de las posiciones de sujeto). No obstante, si bien la idea de formación discursiva permite establecer regularidades en las formas de existencia de los enunciados, no por ello los homogeniza ni neutraliza sus efectos o posibilidades tácticas y estratégicas. Ver: Foucault, M. (2005 ), La arqueología del saber , Siglo XXI, Buenos Aires; Di Stefano (2006) , Metáforas en uso , Biblos, Buenos Aires.

5. En el caso de la primer formación discursiva académica, la “violencia policial” aparece como un fenómeno cuyas causas están ligadas a la articulación entre la “cultura autoritaria” de la última dictadura militar y las prácticas policiales contemporáneas, así como también vinculadas a la ineficacia e impericia del poder judicial y a la ausencia de controles democráticos sobre el accionar de las policías. Y, definido así el diagnóstico, se proponen una serie de propuestas para limitar la “violencia policial” que muestran un carácter marcadamente jurídico, a la vez que otorgan un papel preponderante a las organizaciones de la sociedad civil para controlar a las fuerzas de seguridad del Estado. La segunda estrategia de construcción de la “violencia policial” en las ciencias sociales, por su parte, aparece como un discurso crítico que complejiza el fenómeno de la (in)seguridad, pero que presenta una solidaridad temática con aquella trama discursiva. Se parte de la premisa de un aumento considerable de la violencia social y del delito, producto de la desigualdad social extrema y del proceso de marginación que ella implica. Y, así, el fenómeno de la “violencia policial” se muestra imbricado a la “inseguridad” en tanto ambos parecerían relacionarse con el incremento de otras violencias sociales, la ausencia de políticas y estrategias de seguridad, y la falta de modernización y profesionalización de las instituciones de seguridad. En este caso, el sentido de “violencia policial” se fija en términos de excesos, abusos, deficiencias, arbitrariedades, extralimitaciones, excepcionalidades por fuera de una racionalidad de acción propia de las fuerzas de seguridad del Estado. Ante este diagnóstico, las propuestas que emergen en este segundo agrupamiento de enunciados académicos se orientan fundamentalmente en una doble dirección: por un lado, disminuir las condiciones que hacen posible el aumento de la violencia social, neutralizando los factores considerados criminógenos (por ejemplo, reduciendo la pobreza), a la par de generar reformas institucionales puntuales tendientes a modernizar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad. Este conjunto de enunciados enfatiza la necesidad de una serie reformas que presentan un carácter institucionalmodernizante. Cfr . Seghezzo, G. (2012), “Potencialidades críticas y riesgos inmanentes. Las ciencias sociales, la ‘violencia policial’ y la grilla de inteligibilidad farmacológica”, en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales , núm. 34, UNL Editora, Santa Fe.

6. Foucault, M. (1999 ), “¿Qué es un autor?”, en Michel Foucault. Entre filosofía y literatura , Paidós, Barcelona.

7. Frederic, S. (2008 ), Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías es las ciencias sociales de la democracia , UNGS-Biblioteca Nacional, Buenos Aires.

8. Babini, P. (1990 ), “Pirker, la policía en la democracia”, en Todo es historia , año 23, núm. 272; Rico, J. M. ( 1981 ), Crimen y justicia en América Latina , Siglo veintiuno editores, México; Rico, J. M. (1983), Policía y sociedad democrática , Alianza, Madrid; Zaffaroni, E. ( 1984 ), Sistemas penales y derechos humanos en América Latina , Ediciones Depalma, Universidad de Texas.

9. Al respecto, cabe destacar el “Servicio Paz y Justicia de Argentina” (SERPAJ), fundado en 1974; la “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos” (APDH), formada en 1975; la “Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo” y la “Asociación Madres de Plaza de Mayo”, ambas fundadas en 1977. Y, fundamentalmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fundado en 1979; la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y la Comisión de Familiares Víctimas Indefensas de la Violencia Social (PolicialJudicial-Institucional) (COFAVI), ambas conformadas en 1992.

10. Tiscornia, S. (comp.) (2004), Burocracias y violencias: estudios de antropología jurídica , Antropofagia, Buenos Aires; Sain, M. ( 1999 ), Alfonsín, Menem y las relaciones cívicomilitares. La construcción del control civil sobre las fuerzas armadas en la Argentina democrática (1983-1995) , Tesis de doctorado, Universidad Estadual de Campinas, Brasil.

11. Pegoraro, J. (1999 ), “El sistema penal frente a los delitos del poder y la autoridad”, en Sozzo, M. (comp.), Seguridad Urbana. Nuevos problemas, Nuevos enfoques , UNL, Santa Fe; Galvani, M. ( 2007 ), La marca de la gorra. Un análisis de la Policía Federal , Capital Intelectual, Buenos Aires.

12. Es, por cierto, la denuncia y la oposición crítica a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los órdenes dictatoriales que signaron gran parte del continente lo que dota de especificidad a todas las versiones latinoamericanas de la “criminología crítica” desde la década de los setenta. La premisa que de alguna manera aúna las diferentes perspectivas de los criminólogos críticos latinoamericanos es la denuncia a las violaciones de los derechos humanos a través de lo que ellos advierten como un problema específico de la región vinculado con la entronización de Estados profundamente coercitivos con fuerzas de seguridad extremadamente violentas. Ver: Anitua, G. I. (2005 ), Historia de los pensamientos criminológicos , Editores del Puerto, Buenos Aires; Aniyar de Castro, L. ( 2013 ), Manual de criminología sociopolítica , Ediar, Buenos Aires; Zaffaroni, E. ( 1988 ), Criminología. Aproximaciones desde un margen , Temis, Bogotá; Del Olmo, R. ( 1981 ), América Latina y su criminología , Siglo XXI, Buenos Aires.

13. Frederic, S. (2008), op. cit .

14. En ese proceso resulta paradigmática la experiencia de la Universidad de Buenos Aires. Por aquellos años, con el retorno de los intelectuales exiliados –fundamentalmente en México, Brasil y Venezuela– de la mano de la vuelta de la democracia, se inicia el proceso de normalización y creación de la Facultad de Ciencias Sociales: se reorganiza la carrera de Sociología, se crean las carreras de Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación y se refunda su Instituto de Investigaciones –el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Ver: Krotsch, P. (2004 ), El Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires . Disponible en: http:// iigg.sociales.uba.ar/files/2011/06/ktroschiigg.pdf; Abal Medina, J. (h.); Leiras, M.; y D’Alessandro, M. ( 2005 ), “La ciencia política en Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias”, en Revista de Ciencia Política , vol. 25, núm. 1, Buenos Aires, pp. 76-91; Blois, Pedro ( 2008 ), “La reorganización de la Carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires tras la vuelta a la democracia (1984-1990)”, trabajo presentado en 1 Jornadas de Historia de la Universidad en la Argentina , Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe; Casco, J. ( 2008 ), “El exilio Intelectual en México. Notas sobre la experiencia argentina (1974-1983)”, en Iconos. Revista de Ciencias Sociales , FLACSO, Ecuador, núm. 31, mayo; Yanquelevich, P. ( 2010 ), Ráfagas de un exilio. Argentino en México, 1974-1983 , Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

15. Lechner, N. (1994 ), “La (problemática) invocación de la sociedad civil”, en Perfiles Latinoamericanos: Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales , FLACSO, Sede México, núm. 5, pp. 131-144.

16. Rangugni, V. (2010 ), “El problema de la inseguridad en el marco del neoliberalismo en la Argentina”, en Torrado, S. (comp.), El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002) , EDHASA, Buenos Aires; Gutiérrez, M. (comp.) ( 2011 ), Populismo punitivo y justicia expresiva , Fabián Di Plácido Editores, Buenos Aires.

17. Dallorso, N. (2014 ), “¿De qué se habla y qué se calla cuando se habla de inseguridad?”, en Voces en el Fenix , núm. 34, pp. 36-43.

18. Componen esta primer formación discursiva académica, asimismo, Tiscornia, S. (1999 ), “Violencia policial en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cuestiones metodológicas y análisis de datos”, en Sozzo, M. (comp.), Seguridad Urbana: Nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal , Centro de Publicaciones, UNL.; Tiscornia, S. ( 2000 ), “Violencia policial, derechos humanos y reformas policiales”, en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales , núm. 14, Buenos Aires; Tiscornia, S. (comp.) ( 2004 ), op. cit. ; Tiscornia, S. ( 2009 ), “La seguridad pública como área de investigación de la universidad y las organizaciones de derechos humanos”, en Cuadernos de Seguridad , núm. 9, junio, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, Buenos Aires; Gingold, L. ( 1992 ), “Feos, sucios y malos. El poder de sentencia de las etiquetas sociales”, en Nueva Sociedad , núm. 117, enero-febrero, pp. 104-199; Gingold, L. ( 1997 ), “Memoria, moral y derecho. El caso de Ingeniero Budge (1987-1994)”, FLACSOJuan Pablo Editor, México; Pegoraro, J. (1997 ), “Las relaciones sociedad y estado y el paradigma de la inseguridad”, en Revista Delito y Sociedad , núm. 9 y 10, Buenos Aires; Corti, L. ( 1999 ), “Violencia policial, dimensión penal y normas. Una difícil determinación”, en Sozzo, M. (comp.), Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal , UNL, Santa Fe; Ganón, G. ( 1999 ), “Reforma de la Policía: ¿cambio organizacional o estructural? El apartamiento del enfoque ortodoxo para una lectura crítica de la ‘subcultura’ policial que obstaculiza su democratización”, en Sozzo, M. (comp.), Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal , UNL, Santa Fe; Tiscornia, S., Chillier, G., Palmieri, G., Martínez, J. y Lekerman, V. ( 1999 ), “Violencia policial, inseguridad y derechos humanos”, en CELS. Derechos Humanos en la Argentina. Informe anual enero-diciembre 1998 , Eudeba, Buenos Aires; Martínez, J. ( 2002 ), “Las burocracias penales y su violencia naturalizada”, en Gayol, S. y Kessler, G. (comp.), Violencias, delitos y justicias en la Argentina , Manantial, Buenos Aires; Sozzo, M. ( 2002 ), “Usos de la violencia y construcción de la actividad policiales la Argentina”, en Gayol, S. y Kessler, G. (comp.), Violencias, delitos y justicias en la Argentina , Manantial, Buenos Aires; Sozzo, M. (dir.) ( 2005 ), Policía, violencia, democracia. Ensayos sociológicos , UNL, Santa Fe; Eilbaum, L. ( 2004 ), “La policía ‘al servicio de la comunidad’: tradición policial y vientos de cambio”, en Tiscornia, S. (comp.), Burocracias y violencias. Estudios de antropología jurídica , Antropofagia, Buenos Aires; Pita, M. V. ( 2005 ), “Mundos morales divergentes. Los sentidos de la categoría de familiar en las demandas de justicia ante casos de violencia policial”, en Tiscornia, S. y Pita, M. V. (eds.), Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica , Editorial Antropofagia, Buenos Aires; Daroqui, A. (comp.) ( 2009 ), Muertes silenciadas: la eliminación de los “delincuentes”. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la policía y la justicia , Ediciones del CCC, Buenos Aires; Galvani, M., Mouzo, K., Ortiz Maldonado, N., Rangugni, V., Recepter, C., Ríos, A., Rodríguez, G. y Seghezzo, G. ( 2010 ), A la inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas académicas, mediáticas y policiales , Hekht Editores, Buenos Aires; entre otros.

19. Tiscornia, S. (2008), Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio , Editores del Puerto, Buenos Aires.

20. Las noches del 19 y 20 de abril de 1991 se realizaron dos recitales del grupo de rock “Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota” en la Capital Federal. En la primera noche, la policía detuvo en los alrededores del estadio a más de setenta personas. Sin embargo, no dejó registrada en actuación alguna la totalidad de las detenciones y no dio aviso de lo que había pasado al juez de menores que estaba de turno. Uno de los jóvenes detenidos era Walter Bulacio. Mientras estaba en el calabozo de la comisaria se descompone a consecuencia de los golpes recibidos por parte de la policía y, tardíamente, es llevado a un hospital. Pocos días después, el joven muere. Ver Tiscornia, S. (2005 ), “Límites al poder de policía. El activismo del derecho internacional de los derechos humanos y el caso Walter Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Tiscornia, S. y Pita, M. (eds.), Derechos humanos, tribunales y policía en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica , Antropofagia, Buenos Aires.

21. Cfr. Tiscornia, S. (2008 ), op. cit., p. 5.

22. Ibid., p. 8.

23. Ibid., p. 10.

24. Lacan, J. (2003 ), “Del sujeto al que se supone saber, de la primera díada, y del bien”, en El Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis , Paidós, Buenos Aires.

25. Tiscornia, S. (2008), op. cit ., pp. 8-9.

26. Ibid. , pp. 155-156.

27. Ibid. , p. 162.

28. Ibid., p. 213.

29. Ibid., p. 237.

30. Ibid., p. 235.

31. Ibid., p. 243.

32. Delinean los límites de esta segunda formación discursiva académica, también, Ciafardini, M. (1999 ), “La necesidad de investigación criminológica y la experiencia de la Dirección Nacional de Política Criminal”, en Sozzo, M. (comp.), Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal , UNL, Santa Fe; Font, E. ( 1999 ), “Transformaciones en el gobierno de la seguridad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su relevancia en Argentina”, en Sozzo, M. (comp.), Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal , UNL, Santa Fe; Sozzo, M., González, G., Corti, L., Tavella, R., Aimar, V., Montero, A. y Taleb, G. ( 2002 ), “¿Más allá de la disciplina policial? Transformaciones de los mecanismos de control interno de la actividad policial en la Provincia de Santa Fe”, en Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales , núm. 14, Buenos Aires; Sain, M. ( 2002 ), Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina , Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires; Sain, M. ( 2004 ), Política, policía y delito. La red bonaerense , Claves para todos, Buenos Aires; Isla, A. ( 2002 ), “Los malvivientes”, en Gayol, S. y Kessler, G. (comp.), Violencias, delitos y justicias en la Argentina , Manantial, Buenos Aires; Isla, A. y Míguez, D. ( 2003 ), “De las Violencias y sus Modos. Introducción” y “Conclusiones. El Estado y la Violencia urbana. Problemas de Legitimidad y Legalidad”, en Heridas Urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa , Editorial de las Ciencias, Buenos Aires; Míguez, D. ( 2002 ), “Rastros del desorden. Fragmentación social y la nueva cultura delictiva en sectores juveniles”, en Gayol, S. y Kessler, G. (comp.), Violencias, delitos y justicias en la Argentina , Manantial, Buenos Aires; Binder, A. ( 2004 ), Policías y ladrones. La inseguridad en cuestión , Claves para todos, Buenos Aires; Kessler, G. ( 2004 ), Sociología del delito ‘amateur’ , Paidós, Buenos Aires; Kessler, G. (2008), “Delito, trabajo y ley”, en Revista Puentes , núm. 23, Buenos Aires; Kessler, G. ( 2009 ), El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito , Siglo XXI, Buenos Aires; Kaminsky, G. ( 2005 ), “Territorios inseguros, estigmas ciudadanos”, en Kaminsky, G. (dir.), Tiempos inclementes. Cultura policiales y seguridad ciudadana , UNLa, Buenos Aires; entre otros.

33. Sain, M. (2008 ), El Leviatán azul. Policía y política en la Argentina , Siglo XXI, Buenos Aires.

34. Ibid., p. 16.

35. Ibid., pp. 20-21.

36. Ibid., pp. 177-178.

37. Ibid., p. 179.

38. Idem .

39. Ibid., pp. 175-177.

40. Ibid., pp. 183-184.

41. Ibid., pp. 195-197.

42. Ibid., pp. 185-186.

43. Ibid., p. 213.

44. Ibid., p. 219.

45. Ibid., p. 223.

46. Ibid., p. 332.

47. Resulta poco sorprendente, en esa línea, la participación de muchos de estos expertos en el “Acuerdo por una Seguridad Democrática”. Durante diciembre de 2009, un amplio abanico de referentes del campo académico local, de diversas organizaciones de la sociedad civil, así como de políticos que participan en la gestión pública estatal en diversas instancias de gobierno, suscribieron un documento en el que se establecen algunos acuerdos “básicos” sobre políticas democráticas de seguridad, en el marco del cual el rol de las fuerzas de seguridad adquiere un lugar central. Entre los firmantes, cabe mencionar: docentes e investigadores de diversas universidades nacionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil (organismos de derechos humanos, organizaciones de familiares de víctimas, ONGs, foros de seguridad, entre otros), senadores y diputados nacionales y provinciales de diversos signos partidarios, diferentes referentes políticos, gremiales, religiosos y de la cultura. Amplio abanico que recorre un vasto espectro ideológico desde posturas tradicionales de derecha hasta posturas de la izquierda más vernácula. Los títulos de los diez puntos del acuerdo son, también, signos del anudamiento de “derechos humanos”, (in)seguridad, “violencia policial”: “el Estado frente al problema del delito”, “el engaño de la mano dura”, “responsabilidad del Estado”, “una concepción integral de la seguridad”, “gestión democrática de las instituciones de seguridad”, “desactivar las redes de delito para reducir la violencia”, “gestión policial no violenta en el ámbito público”, “el papel de la justicia”, “el cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho” y “un nuevo acuerdo para la seguridad democrática”, un mix de elementos constitutivos, claro está, de ambas formaciones discursivas académicas. Bajo una misma y única preocupación: saber para hacer. Preocupación que entroniza, insistimos una vez más, la lógica de la resolubilidad y donde deviene sintomático que las pertenencias institucionales que funcionan a la manera de sellos de los nombres de los firmantes no sean otras que organizaciones de la sociedad civil, espacios de la gestión pública estatal e instituciones académicas. Entre muchos otros, son firmantes, por supuesto, Sofía Tiscornia (Universidad de Buenos Aires-CELS) y Marcelo Saín (Universidad de Quilmes).

48. Derrida, J. (2002 ), “Nombre de pila de Benjamin”, en Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad , Tecnos, Madrid.

49. Ibid., p. 108.

Resumen

Abstract

Resumo

Palabras clave

Keywords

Palavras-chave

Introducción

Breve genealogía sobre un anudamiento estratégico

El experto en violencia policial

Figura uno. El experto como punto de intersección entre las organizaciones de la sociedad civil y el campo académico

Figura dos. El experto como punto de intersección entre la gestión pública estatal y el campo académico

Reflexiones finales: sobre potencialidades y límites de la expertise

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